• Los plazos y las diversas etapas del proceso han estado sancionadas por los órganos fiscalizadores competentes y se están conduciendo con estricto apego a la Ley.

• Este proceso se circunscribe en el marco de las licitaciones transparentes y competitivas que se han realizado en esta Administración y que han reportado ahorros de miles de millones de pesos al IMSS.

La licitación plurianual para el período 2017-2019 del servicio de seguridad para los más de cuatro mil inmuebles del IMSS en todo el país, es un esfuerzo más de la presente Administración por obtener las mejores condiciones de precio y calidad en sus adquisiciones, mediante la conducción de procesos abiertos, transparentes y que promuevan la competencia entre los posibles participantes.
El proyecto fue aprobado por el Consejo Técnico del IMSS en enero de este año, dividido en 7 regiones independientes, con un costo máximo total de 3,271 millones de pesos, con una duración de tres años.
De acuerdo al estudio costo-beneficio que se realiza por norma a los proyectos plurianuales, esta mecánica de contratar la seguridad por tres años en vez de hacerlo año con año, podría reportar al Instituto ahorros de cuando menos 189 millones de pesos, lo que equivale a 5.5% del costo de la seguridad durante los siguientes tres años. Este ahorro podría ser mayor, dependiendo de las propuestas económicas que se reciban por parte de los licitantes.
Lo anterior, principalmente por la posibilidad de las empresas de amortizar en un plazo más largo sus inversiones en términos de tecnología y apoyo para la supervisión, que cada vez son más determinantes para la correcta prestación de estos servicios.
Respecto de los plazos del proceso, el IMSS reitera su compromiso con la competencia comunicando que se ampliarán los plazos hasta 20 días para permitir a los licitantes contar con todos los elementos para la integración de sus propuestas, de modo que puedan ser correspondientes con la realidad de la infraestructura institucional y las necesidades del Instituto.
El IMSS reafirma que este proceso se está llevando con estricto apego a la legalidad y con la mayor transparencia, contando en cada etapa del mismo con la participación y sanción del Órgano Interno de Control, además del Testigo Social designado por la Secretaría de la Función Pública.
El fallo será comunicado con total transparencia y apegado al protocolo que rige las contrataciones públicas, emitido por la Secretaría de la Función Pública.