En atención a la instrucción que dio hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina, informamos lo siguiente:

El domingo 5 de junio de 2022 se cumplen 13 años del incendio de la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, donde fallecieron 49 niñas y niños, hubo 90 lesionados y 41 personas estuvieron expuestas al humo. A 13 años de la tragedia, el compromiso del Gobierno de México, a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es apelar siempre por la justicia para lo que realiza un trabajo multidisciplinario para otorga medidas de reparación integral en este caso.

Sobre este hecho la postura del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha sido siempre asumir una posición responsable, que no sólo administre la falta de justicia, sino que atienda este caso con respeto y empatía, pero fundamentalmente no darle carpetazo.

El 6 de junio de 2019 el Presidente se reunió por primera vez con los familiares de las víctimas para escuchar sus peticiones y demandas. A partir de ahí se han llevado a cabo tres reuniones más: el 5 de septiembre y 12 de diciembre de 2019, y el 12 de marzo de 2020. De estas reuniones se asumieron los siguientes compromisos:

El 13 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Decreto para especificar las responsabilidades del Estado mexicano frente a las familias y las niñas y niños sobrevivientes. El 22 de julio de 2020 se emitió el Acuerdo ACDO.AS1.HCT.220720/188.P.DJ del Consejo Técnico del IMSS para integrar los conceptos de este Decreto.

El Decreto reconoce nuevas medidas a las familias como el pago de los costos de la atención médica y medios de diagnóstico en unidades ajenas al IMSS. Se considera pago de costos de traslados y atención médica en el país y en los Estados Unidos; gastos de mobiliario y equipo para la rehabilitación de los menores y adultos lesionados. También garantiza el acceso al Seguro de Salud para la Familia a los afectados, apoyo psicológico y atención psiquiátrica institucional.

Otros derechos se proporcionan a través del Fideicomiso Público. Este considera una medida mensual vitalicia para las madres de los menores fallecidos, lesionados y con exposición al humo, y para las adultos lesionados; una medida mensual vitalicia para los menores lesionados que tengan una lesión incapacitante; una medida equiparable a la pensión garantizada para los niños y niñas lesionados; una beca educativa para los menores lesionados y con exposición al humo, para sus estudios desde de primaria hasta educación superior, y el pago de energía eléctrica a menores y adultos lesionados.

Desde la ampliación de las medidas para los afectados y sus familiares, el padrón de beneficiarios se ha incrementado en un 13.5%. Al corte de abril de 2022 se han proporcionado más de 181 mil citas médicas a los afectados y sus familiares, de las cuales 138 mil han sido otorgadas en el IMSS (76%) y 43 mil de manera subrogada (24%).

El gobierno de México ha realizado un trabajo multidisciplinario e interinstitucional para otorgar medidas de reparación integral, con base en los estándares internacionales en materia de derechos humanos. En ese sentido, el IMSS y la secretaría de Gobernación, concretamente a través del Fideicomiso para el Cumplimiento de Obligaciones a Derechos Humanos, han indemnizado a diversas familias.

Por su parte, el gobierno del estado de Sonora, en coordinación con la Fundación IMSS, entregó a las familias indemnizaciones por concepto de fallecimiento y lesiones.

Respecto a la atención a las víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informa que desde 2015 a lo que va de 2022, el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) ha recibido 1,011 solicitudes de inscripción para ser agregadas al padrón; 962 personas vinculadas al hecho victimizante, de las cuales 900 ya están inscritas y para las otras 62 aún se analiza su incorporación. De las personas inscritas en el Registro Federal de Víctimas (REFEVI), 149 son víctimas directas, 747 víctimas indirectas y 4 víctimas directas e indirectas. En promedio, los núcleos familiares reportados son de 4 víctimas, sin embargo, existen núcleos integrados por más de 10 víctimas registradas.

La CEAV, a través del Centro de Atención Integral a Víctimas (CAI) de Sonora, ha atendido a 46 familias de niñas y niños fallecidos; y a 47 núcleos familiares de niñas y niños lesionados y expuestos. En total, hay 683 expedientes abiertos por atenciones individuales; hasta la fecha se han otorgado 545 atenciones por parte del área de Trabajo Social y 597 por parte del Departamento de Psicología, adscrito al CAI.

Las víctimas han recibido apoyo jurídico, asesorías, orientaciones y representación legal (15 núcleos familiares son representados por la CEAV), atención de trabajo social, traslados, solicitudes de inscripción al padrón de víctimas, trámites administrativos y valoraciones psicológicas y médicas para la reparación integral.

Con relación al tema de la justicia y la garantía de no repetición, el 12 de febrero de 2020 se presentó una denuncia de hechos con motivo del suceso del 5 de junio de 2009, en la Guardería ABC. Esta nueva denuncia tomó como eje rector el Voto de Minoría, la Facultad de Investigación 1/2009, la Recomendación de la CNDH y el Informe de la Auditoría Superior de la Federación. Con motivo de dicha denuncia, la Fiscalía General de la República dio inicio a la Carpeta de Investigación correspondiente, la cual fue judicializada y generó la vinculación a proceso de dos imputados, funcionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel central.

Sobre el Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (CAICE), aprobado desde 2009 por el Consejo Técnico del IMSS para brindar atención médica a las familias afectadas y fungir como vínculo con los servicios y áreas institucionales, se tiene previsto que sus nuevas instalaciones comiencen a operar en julio de 2022.

La garantía de no repetición es un elemento fundamental de la justicia integral, por lo que nuestro compromiso es permanente con los familiares de las víctimas y las y los afectados de esta tragedia que desde hace 13 años exigen al Estado mexicano: nunca más un ABC.